Salta – Los gremios docentes expresaron el rechazo de la vuelta a clases por la resolución del Ministro Cánepa que incumple los protocolos de bio-seguridad


Ayer acorde con el planteo del ministro Trotta a nivel nacional, se dio a conocer la resolución Nº 140 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a cargo del ministro Matías Canepa, una resolución que plantea “reanudar las actividades institucionales indispensables y las comisiones evaluadoras en unidades educativas” y un anexo con el protocolo. La misma fue desarrollada a espaldas de la comunidad educativa y altamente rechazada.

A partir del rechazo de las conducciones sindicales ADP, UDA, SADOP, UPCN , del sector de autoconvocados y las críticas en los grupos de wapsap docentes sobre el retorno a la escuela en tiempos de pandemia surgieron preguntas como ¿Quién garantiza los recursos de cuidado e higiene? ¿Por qué solicita el gobierno una “declaración jurada de no poseer síntomas compatibles con el COVID 19”?. El gobierno tuvo que retroceder en dejar sin efecto la declaración jurada y plantear un “error de tipeo” en la fecha, no es en junio sino el 29 de julio, fecha rectificada en resolución Nº 145 .

Los docentes que conformamos la agrupación 9 de abril sabemos que estamos en una situación compleja con la pandemia, que se agudizo la crisis económica y social y que esta recae sobre toda la comunidad educativa docentes, maestranza y las familias de nuestros alumnos y alumnas.

Así nos parece que para un plan de vuelta a clases presenciales es necesario el aumento de presupuesto en educación en todo el país y que la comunidad educativa sea quien defina si es posible o no la vuelta a clases, eligiendo delegados/as docentes, maestranza, estudiantes y familiares de cada escuela. Esto no se está discutiendo ni en la provincia ni a nivel nacional, mientras se plantea el mes de agosto como posible fecha de vuelta a clases en la mayoría del país.

Somos los docentes los primeros que queremos volver, quienes hemos estado garantizando la “continuidad pedagógica” durante toda la cuarentena. Por eso exigimos todas las condiciones para las trabajadoras, trabajadores, los pibes y sus familias. En cambio el gobierno lo hace a nuestras espaldas mientras las conducciones sindicales rechazaron la resolución sin llamar a asamblea, un espacio necesario para debatir y decidir. O como CTERA que solo ha sacado pronunciamientos escritos, sin tomar ninguna acción sobre la intención de adelantar el regreso a clases como en el caso de Jujuy. Viene actuando de manera completamente oficialista con el gobierno de Alberto Fernández dejando aislados conflictos como el de las y los docentes de Chubut y Mendoza. Hay que exigir a CTERA que impulse asambleas en todas las provincias para debatir las condiciones en las que se plantea la vuelta a las aulas.

En uno de los apartados de la resolución 140 se plantea los cuidados en la institución donde “se proveerá” de trapos, lavandina, alcohol en gel, jabón y papel en los baños. ¿Quién lo va a garantizar? Tantos años de desinversión en la educación pública, en los distintos gobiernos nacionales y provinciales, se expresan en escuelas con problemas edilicios, algunas instituciones con falta de agua, un recurso esencial en estos momentos. Se plantea el “distanciamiento social” en escuelas con aulas pequeñas ¿cuántos alumnos/as? ¿Cuantos docentes?

En relación a los comités de evaluación, apoyamos que las y los estudiantes puedan terminar la escuela y el terciario, pero estas instancias deben ser de real acceso , es decir que todos y cada uno de los estudiantes de la provincias que así lo desee pueda rendir y concluir sus estudios. La pandemia ha demostrado que las desigualdades en torno al acceso a la virtualidad son realmente profundas, mostrando un gran porcentaje de estudiantes que quedan por fuera de su derecho a la educación. La crisis económica ha dejado sin trabajo o con recorte salarial a las familias de nuestros alumnos y a nuestros propios alumnos en el caso de los terciarios. Por eso seguimos exigiendo internet libre como así también las herramientas necesarias para todos aquellos que estudien.

Otro aspecto en el que el gobierno tuvo que retroceder a partir de la expresión de descontento de las y los docentes, según resolución Nº 145 queda sin efecto la declaración jurada en la que cada trabajador/a tenía que firmar no tener síntomas de COVID 19, ni haber estado en contacto con posibles casos. Es inadmisible que el gobierno quiera hacer responsable a las y los trabajadores de la educación cuando es urgente que los gobiernos garanticen testeos masivos que permitirían encontrar a las personas infectadas, saber en qué zonas se desarrollan más contagios y actuar con precisión.

Si se avanza con el conjunto de la comunidad educativa y desde el Estado se garantizan todas las condiciones y empieza una vuelta paulatina a las aulas, hay que impulsar en cada institución educativa comité de higiene y salubridad para controlar las condiciones sanitarias en que se trabaja y garantizar que todos tengan elementos de protección y con la posibilidad de si no se cumplen las condiciones de seguridad, el comité tenga la facultad de disponer el cierre del establecimiento. Còmo tambièn formar un espacio de organizaciòn de la docencia, maestranzas, familias y estudiantes de cara a enfrentar lo que se viene. Si bien en Salta estamos en “distanciamiento social”, con excepción de Tartagal que volvió a la fase 1, se ve que no hay un plan serio por parte de los gobiernos.

Se hace necesario aumento del presupuesto en educación en base al desconocimiento soberano del pago de la deuda externa y al cobro de impuestos a las grandes fortunas empresariales que son quienes siguen ganando mientras se utiliza la pandemia para ajustar hacia abajo con despidos, rebajas salariales y de las jubilaciones, suspensiones que terminan en un mayor aumento de la pobreza y la desocupación que recae sobre las familias de nuestras escuelas.

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