Salta – Indignante: En Pichanal el intendente aprobó una ordenanza que le permite multar a periodistas que según su criterio compartan noticias falsas. ¿Inicio de la destrucción de los derechos ciudadanos?


El 19 de este mes Ariel Barrios fue notificado de una resolución por la que el intendente de la ciudad de Pichanal, Sebastián Domínguez, le aplicó una multa de $40 mil por la difusión de fake news (noticias falsas) en su perfil de Facebook relativas a la pandemia del coronavirus. Le atribuye haber realizado “dos publicaciones falsas” y haber adulterado “información oficial” en relación a los cuatro contagios de la Covid-19 que se detectaron en esa localidad.

La decisión desató un debate en el periodismo salteño, por un lado se cuestionó esta determinación y la ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, y por otro lado, se señaló que la noticia cuestionada pudo haber colaborado con un intento de agresión sufrida por la familia que se contagió la Covid-19.

Domínguez, que llegó a la intendencia en la línea del gobernador Gustavo Sáenz, basó la multa en la ordenanza 02/2020, dictada por él mismo ad referéndum del Concejo Deliberante, pero que fue ratificada por este Cuerpo el 19 de marzo pasado, cuando empezó la cuarentena por la pandemia.

En su artículo 4º la ordenanza 02/2020 establece multas de hasta $20 mil “a quienes distribuyan, compartan, hagan circular, generen por cualquier medio o vía de comunicación, ya sea oral, escrita, televisiva, radial, telefónica u otro canal informático sea cual fuere el medio tecnológico, aparato o utilización de distribución escrita, una información falsa respecto del virus Covid-2019″. La segunda parte del artículo dispone que se aplicará “igual medida” a “aquellos que alteren una publicación oficial como consecuencia del estado de emergencia” por la pandemia del coronavirus.

Por último, esta noticia da que pensar. ¿Será el inicio de destrucción de los derechos ciudadanos? ¿Un ensayo de atropello?. Ante esto, luego se puede dar lugar a más cosas, como una ordenanza o resolución municipal que barre con la república y los derechos esenciales de cada persona y la vida.

 

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